Penal:
Se origina por acciones instauradas por las víctimas o investigaciones iniciadas directamente por la Fiscalía General de la Nación. Se debate si la actuación del profesional de la salud fue adecuada y si debe responder por los resultados lesivos que se causen con ésta. Las sanciones a imponer son penas, que pueden consistir en privación de la libertad, multa, prohibición para ejercer la profesión, entre otras. Los fines del proceso penal son verdad, justicia y reparación, por lo que el profesional también puede ser condenado al pago de una indemnización.
Civil:
Demanda que puede ser iniciada directamente por el paciente o sus familiares y que busca la indemnización de los perjuicios que pudieron haberse ocasionado.
El profesional de la salud puede ser demandado de manera directa, en solidaridad con las instituciones que prestaron los servicios de salud o llamado en garantía. La condena consistirá en la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por la víctima directa o sus familiares.
Contencioso administrativo:
Se trata de acciones iniciadas en contra del Estado o entidades públicas en las cuales el profesional de la salud es vinculado a través de un llamamiento en garantía o una acción de repetición. Se pretende que el profesional de la salud indemnice los perjuicios a la víctima o devuelva a la entidad la suma de dinero que ella tuvo que pagar por concepto de indemnización de perjuicios.
Ético:
Se origina por queja presentada por el paciente o perjudicados y se debate si el profesional de la salud incumplió las normas éticas que rigen su profesión (Ley 23 de 1981 y Decreto 3380 de 1981) las sanciones pueden ser amonestaciones, censura o incluso la suspensión en el ejercicio de su profesión.
Disciplinario:
Se origina por queja presentada por el paciente o perjudicados y se debate si el profesional de la salud incumplió las normas que le son exigibles como servidor público las sanciones pueden ser amonestación, suspensión, inhabilidad para ejercer cargos públicos entre otros.