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Como egresado de una universidad pública, como profesional que se desempeñó en los diferentes niveles de atención, y ahora como docente de estudiantes de medicina de pre y posgrado, comparto con ustedes algunas reflexiones personales sobre la propuesta de reforma a la educación médica.

Hace algunas semanas, con gran conmoción en redes sociales, sobre todo en las facultades de medicina, recibimos el “Documento de recomendaciones para la transformación de la educación médica en Colombia”, generado por la comisión que durante seis meses trabajó en dicha propuesta bajo el llamado y liderazgo de los ministerios de Educación y de Salud, con el objetivo de plantear cambios en la educación médica y responder a los retos que plantean las necesidades de salud de la población en Colombia.

¿Qué plantea la propuesta de reforma a la educación médica y que tan necesaria era? 

El documento puesto en conocimiento el pasado mes de abril y socializado en mayo ante más de 200 líderes académicos del país, plantea cambios coyunturales y estructurales en cuatro áreas, a saber:

  • La educación médica de pregrado
  • La educación médica de posgrado
  • El desarrollo profesional permanente
  • El hospital universitario

Dichos cambios están condensados en 104 recomendaciones, muchas de las cuales contienen aspectos muy positivos, pero otras nos generan muchas preguntas. Es indiscutible que durante la últimas dos décadas los médicos han perdido capacidad de resolución, se han convertido en “remitidores” y no cuentan con una formación adecuada para tener una visión más global del paciente y su familia. Como el mismo documento lo describe, el modelo de atención en nuestro país se ha centrado en los especialistas y en la alta complejidad, limitando la capacidad resolutiva del primer nivel, lo cual permea obligatoriamente la formación del estudiante de medicina. El cambio es necesario, la misma sociedad lo percibe y lo reclama.

Según lo planteado en el documento, ¿qué aspectos ameritan mayor análisis y discusión?

El primer interrogante planteado en forma reiterada por los participantes del foro es si el documento en mención consultó la realidad del sistema de salud en Colombia, y si, en ese sentido, concentrarse en la educación médica sería ignorar el verdadero problema que influye de manera directa en la calidad de la atención, como lo es la intermediación, la ineficiencia y la corrupción del sistema de salud actual, el cual, según salta a la vista, ha sido víctima de intereses políticos y económicos.

El segundo interrogante es acerca de la clara vulneración de la autonomía universitaria, cuyos postulados están plasmados en la Constitución Política y en la Ley 30 de 1992. El documento propone la creación de un Consejo General de Educación Médica que asumiría el control casi total de la formación médica, con potestad de intervenir en los procesos de ingreso a pre y posgrado, el currículo a seguir e inclusive los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de cada escuela de medicina.

Si bien son necesarios unos lineamientos generales en la formación médica, no puede ponerse una camisa de fuerza a las universidades de todo un país, desconociendo las diferencias entre lo privado y lo público, entre las posibilidades que brinda o limita la abundancia o la escasez de recursos, y las diferencias socioculturales de las regiones, cuyo respeto se consagra incluso en el artículo 6 de la Ley Estatutaria de 2015, que regula el derecho fundamental a la salud, el cual, a su vez, tiene estrecha relación con la formación médica.

Por último, se mantiene una gran preocupación por la sostenibilidad de las facultades de medicina y ciencias de la salud en general, cuya supervivencia está amenazada por las cada vez más exigentes contraprestaciones exigidas por los centros de práctica. Si bien una de las recomendaciones del documento habla de la prohibición de contraprestación económica, no se mencionan las nuevas modalidades, como solicitud de equipos, muebles o acceso a bases de datos, que terminan teniendo un costo económico muy alto para los fondos de las facultades. En definitiva, la contraprestación ofertada y acordada con dichos centros de práctica debe seguirse dando mediante las diferentes modalidades de educación y formación de talento humano, cuyo costo es más manejable para las facultades.

¿Qué políticas favorables plantea la propuesta? 

A pesar de todo lo anterior, celebramos la intención de estandarizar una formación basada en competencias que favorezcan el pensamiento crítico, reflexivo, ético y humanístico, además de la implementación de estrategias didácticas, como el aprendizaje basado en problemas, que se alejen de la memorización para dar paso al análisis y reflexión, y que apunten de esta forma al logro de una mayor capacidad resolutiva del médico.

También celebramos el énfasis que quiere darse a la formación en salud pública y atención primaria, lo que requiere articularse con las políticas nacionales y mundiales de atención en salud. Cabe resaltar la intención de la propuesta de recuperar no solo la autonomía del médico residente, sino su digno derecho a recibir remuneración durante su formación, como sucede en la mayoría de los países del mundo, inclusive en aquellos con menor desarrollo económico. Finalmente, consideramos positivo en la propuesta el hecho de propender por el mantenimiento de las competencias de los posgraduados, mediante la inclusión de políticas claras de desarrollo profesional permanente.

Sin duda alguna, nos encontramos en un momento histórico de la educación médica en Colombia, del cual todos somos responsables, en especial quienes tenemos la misión y el reto de educar a los futuros médicos. Esta visión debe terminar de construirse con el mayor cuidado posible, debido a todas sus implicaciones no solo para la formación médica, sino para la salud de la población.

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