El pasado 19 de febrero el Consejo de Estado declaró la nulidad de cinco artículos del Decreto 2025 de 2011, que impedía a las cooperativas de trabajo asociado CTA contratar actividades misionales permanentes y que imponían multas por esta práctica.

 

Dicha actividad consiste en el desarrollo de funciones directamente relacionadas con el objeto social de una empresa o actividades que tengan correlación con la producción del bien o servicios característicos de la organización, por ejemplo, una IPS no podía contratar con una cooperativa de trabajo asociado la prestación de servicios de salud, pero sí se podía contratar a través de las CTA el servicio de vigilancia o aseo o cualquier otro servicio ajeno a su objeto social.    

El doctor Jorge Manrique, abogado especialista en derecho al trabajo y  seguridad Social, quién demandó el decreto junto con otros tres profesionales del derecho, afirmó que dicha norma afectó al gremio médico porque la mayoría de los especialistas en el área de la salud trabajaban a través de las cooperativas de trabajo asociado, y era la forma jurídica óptima para organizar su labor y poder contratar en diversas IPS, ya que a través de las CTA, se genera trabajo autogestionario, solidario y por cuenta común, esto quiere decir, que sus miembros son trabajadores y también dueños de la organización.

De esta manera, el abogado demandante de la norma, explicó que revivir la figura de la cooperativa de trabajo asociado es una alternativa empresarial y de trabajo muy útil para que los profesionales de la salud puedan organizar mejor su labor, administrar sus ingresos y tener una mayor cohesión del gremio.

Finalmente, se puede concluir, que los profesionales de la salud cuentan de nuevo con la opción de prestar sus servicios médicos a través de la modalidad de cooperativas de trabajo asociado, además de otras alternativas que son válidas en el ordenamiento jurídico colombiano. 

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